La transición del Imperio a la República o la participación indiscriminada 1821-1823

La campaña de Iturbide y la forma más o menos pacífica en que se desarrolló se debió a la participación de todos; Los grupos interesados en la separación de España en cualquiera de sus formas, facilitando por lo pronto la contrarrevolución, pero asegurando la independencia.

 Los grupos antagónicos, veían en Iturbide la oportunidad de imponer sus propias convicciones.

 Iturbide definió la dirección de sus metas lejanas por supuesto a cualquier acción de revolución social en una entrevista con el marqués de Vivanco.

En un fugaz intento de lograr el consenso general se preparó el Plan de Iguala que proponía una garantía a los intereses tradicionales, la conservación y respeto a la riqueza, privilegios, empleos, etcétera, al mismo tiempo que les ofrecía un campo abierto a sus intereses y mayores oportunidades. Las ideas de Iguala, sin embargo, no persistieron después de consumada la independencia, pues los grupos que la realizaron no podían permanecer unidos.

Celebrados los Tratados de Córdoba, tomada la ciudad de México, gracias al auxilio de O’Donojú, y consumada ya la independencia, empezaron a surgir las luchas entre las clases mismas que habían sido llamadas para constituir y dar dirección a la máquina política.

La unión con Vicente Guerrero fue más que nada una cuestión circunstancial, y una hábil maniobra por paste de ambos grupos, pero no fue una alianza efectiva ni duradera. Con el triunfo del movimiento independiente y ocupada ya la capital del nuevo imperio, se procedió a constituir el gobierno de la unión, para lo cual se nombró a una Junta Provisional Gubernativa, integrada por hombres de muy diversas tendencias y partidos.

Demasiado heterogénea esa reunión de hombres que representaba opiniones e intereses antagónicos, desde los primeros momentos de la existencia de esa junta comenzó una lucha enconada entre ellos, ya que pugnaban por establecer sus propios puntos de vista enfrentándose al mismo Iturbide que los había nombrado.  En efecto, habíamos visto que el triunfo del iturbidismo se debió a las garantías que ofreció a las clases privilegiadas de mantener su condición.

El México independiente de la primera mitad del siglo XIX, en donde el Estado se enfrentaría a una doble debilidad: aquella que procedía de tratar de gobernar con el consenso de las viejas y poco articuladas clases propietarias, que redujo su capacidad de acción política, y aquella motivada por la crónica falta de recursos financieros, apoyada a lo largo del periodo en el cobro de derechos de aduana y en el agio.

A poco de establecido el Congreso, llegaron a México las noticias del rechazo de España a los Tratados de Córdoba y la negativa de la monarquía hispana a reconocer, o siquiera tratar, cualquier asunto relacionado con la independencia de las provincias americanas. Esa actitud del gobierno español favoreció las ambiciones de la aristocracia criolla al mismo tiempo que frustraba Las esperanzas de los borbonistas y alentaba a los republicanos a vigorizar su lucha por el establecimiento del régimen que sostenían. Para los sostenedores de Iturbide, ése fue el momento adecuado, aunque ya desde antes hubo varias tentativas para nombrarlo emperador.

La gran cantidad de este tipo de folletos y artículos, aunada al rechazo español a los Tratados de Córdoba, facilitaron a Iturbide proclamarse emperador mediante un audaz golpe que hizo que el Congreso, “aunque en minoría”, lo aprobara. Sin embargo, una vez recuperado ese cuerpo de la sorpresa del acto, acentuó su hostilidad contra el nuevo monarca.

Las actividades del Congreso en contra del emperador Iturbide originaron una amplia campaña para desprestigiarlo. Iturbide decidió eliminar definitivamente al Congreso, estableciendo en su lugar una Junta Nacional Instituyente para cubrir las apariencias legales de la disolución del primero. El objeto fundamental de la disolución del Congreso era excluir a los enemigos del sistema del poder, pero al mismo tiempo ello significaba, por lo menos en parte, la ruptura de la alianza entre los diferentes grupos que se habían unido para consumar la independencia del país,

Cabe señalar que no sólo las medidas imperiales apuntaban en dicha dirección, pues a la caída de Iturbide el Congreso derogó los artículos referentes a los bienes eclesiásticos, dejando vigentes las antiguas leyes sobre adquisición de bienes raíces y amortización.

El argumento central del Plan de Veracruz consistía en formar las bases para un nuevo gobierno a través del “único órgano de soberanía: el Congreso”, y el desconocimiento de Iturbide por ser su elección producto de la violencia. En el resto, se asemejaba al Plan de Iguala.

A partir de la caída del imperio iturbidista se multiplicaron los desacuerdos regionales. La rivalidad entre ciudades y provincias reflejaba no sólo el profundo malestar de los grupos locales, sino que también pudieron verse en ella la oposición de viejos intereses y los intentos de transformar la situación en favor de los nuevos grupos del poder; la misma rivalidad encubría mal las tendencias políticas en favor del centralismo o el federalismo tan peculiares del periodo.